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Cortes de EE. UU. reciben demandas por bienes confiscados en Cuba

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La Unión Europea dijo que podría aplicar sanciones para proteger a sus compañías en la isla. 

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Los demandantes Mickael Behn (i), cuya familiaposeía la compañía Havana Docks Corporation, y Javier García Bengoechea (d), que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba.

Carnival Corp. se convirtió este martes en la primera empresa demandada en un tribunal estadounidense por beneficiarse de una propiedad cubana expropiada, tras la decisión del Gobierno de EE. UU. de imponer nuevas sanciones contra la isla por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

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Washington anunció el mes pasado que pondría en práctica el 2 de mayo una sección de la Ley Helms-Burton de 1996, aumentando la presión sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba.

Bajo el Título III de la ley, suspendido por anteriores presidentes –incluyendo a Donald Trump en 2017 y 2018–, los ciudadanos, la mayoría cubanoestadounidenses, pueden presentar demandas en cortes de EE. UU. contra las compañías extranjeras que hacen negocios con La Habana en propiedades incautadas tras la revolución de 1959.

La demanda fue presentada en un tribunal federal de Miami por Javier García Bengochea y Mickel Behn. El primero dice tener el título del puerto en Santiago de Cuba y el segundo, un documento que lo acredita como propietario del puerto de La Habana, usados por líneas de cruceros de EE. UU. Ambos son descendientes de los dueños originales.

Fotografía de archivo del 2017 muestra un crucero con turistas que pasan frente al Malecón en La Habana (Cuba). La empresa de cruceros Carnival fue demandada este jueves en los tribunales.

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Nick Gutiérrez, un abogado que asesora a los reclamantes, dijo que el Título III recomienda que los propietarios originales notifiquen a los acusados 30 días antes de presentar la demanda. Carnival fue notificado y por tanto la demanda se presentó este jueves. Pronto se presentarán más acciones, agregó Gutiérrez.  

Carnival no quiso hacer comentarios sobre la demanda, excepto para decir que continúa con sus cruceros a Cuba de manera normal.

La isla sostiene que el Título III viola el derecho internacional debido a que la nacionalización de la propiedad en la isla era legal y los cubanoestadounidenses reclamantes en aquel entonces no eran ciudadanos de EE. UU.

Canadá, la Unión Europea (UE) y otras naciones argumentan que EE. UU. no tiene jurisdicción sobre la actividad de sus ciudadanos en Cuba y anunciaron que llevarán el tema a la Organización Mundial de Comercio. Además, la UE dijo que podría aplicar sanciones como represalia para proteger a sus compañías en Cuba.

REUTERS 

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